Periodistas o ciudadanos ¿qué primero?
Se cumplen ambos roles, y sobre ambos hay responsabilidad. El periodista, como ciudadano, debe cumplir sus obligaciones, y cuando es afectado en cualquiera de sus roles, se dice que también vulnera al ejercico periodístico y la sociedad. Pero si un ciudadano, asumiéndose periodista, se resiste a cumplir con lo que exige la justicia (por más injusta que esta se perciba), también está vulnerando al colectivo social.
Es decir, ¿se ejerce a discreción? ¿Hay un halo protector en torno a los periodistas que a priori los defienda, por el solo hecho de serlo? Pero también ¿No debemos estar atentos (ciudadanía y periodistas) ante cualquier utilización de la justicia con fines de persecución a discreción también? ¿Acaso para la justicia no es un banquete una lista de fuentes?
Sigan adelante y vean la discusión planteada en este artículo escrito por Hernán Lugo que fue publicado en El Nacional el 30 de octubre, me llega rebotado del Centro Internacional para Periodistas.
Periodistas se resisten a ser "confidentes" de la Fiscalía General
La posibilidad de ser llamados como testigos en el juicio por el golpe de abril de 2002 es rechazada por los reporteros, pues, consideran que sólo son "intermediarios o mensajeros" de lo que dicen otros. Roberto Giusti aconseja a los tribunales y al Ministerio Público que investiguen y citen a las "fuentes originales", mientras que el diputado Alberto Jordán Hernández instó a sus colegas a declararse en "desobediencia" dada la protección constitucional al derecho a la información
HERNÁN LUGO-GALICIA
Los periodistas suelen ser identificados como "los perros guardianes" porque se dedican a cuidar a la democracia, vigilar la administración de los recursos públicos y, en consecuencia, denuncian hechos de corrupción. En Venezuela, está surgiendo una nueva figura que la mayoría de los comunicadores se niega a asumir: la de "periodistas jueces" o "confidentes de las instituciones del Estado". Sí, esa modalidad surgió cuando la fiscal 6º con competencia plena, Luisa Ortega Díaz, consignó como prueba los reportajes, entrevistas e informaciones que escribieron los periodistas sobre los sucesos de abril de 2002 y acusó, de manera formal ante el Tribunal 25º de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas, a la ex presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, y al constituyente Allan Brewer Carias, por los delitos de "conspiración para cambiar violentamente la
Constitución".
Ortega Díaz recurrió a los trabajos escritos y audiovisuales de los medios de comunicación para dar como un hecho que Sosa y Brewer Carias fueron los autores intelectuales del decreto de Pedro Carmona Estanga, a través del cual se clausuraban los poderes públicos, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Moral y la Asamblea Nacional. Lo significativo es que, de las 59 "pruebas de convicción", 29 están basadas en los testimonios de ocho reporteros de distintos medios de comunicación,
11 entrevistas y 10 programas de opinión de la televisión.
Todos ellos expuestos en 160 folios útiles, unas 154 páginas.
Ahora, el inicio del juicio requerirá la presencia de los periodistas Laura Weffer Cifuentes (El Nacional), Nitu Pérez Osuna (Globovisión), Patricia Poleo, Rafael Poleo (El Nuevo País), Roberto Giusti, Edgar López Albujas, Francisco Olivares (El Universal) y el editor de Tal Cual, Teodoro Petkoff, quienes deberán reiterar lo que informaron y si vieron a los personajes en Fuerte Tiuna y Miraflores durante el golpe de Estado. Por ahora, la mayoría señala que no tiene complejos en ir al tribunal, sólo que consideran "absurdo" que recurran a ellos en lugar de "ir a las fuentes originales" -como propuso Giusti- como son las personas entrevistadas, es decir los "actores de abril". La aprehensión que sienten es que, al final, se usan al "mensajero y no a los intelectuales".
"Abuso de poder"
El problema mayor es que los comunicadores perciben un intento de la Fiscalía General por obligar a los trabajadores de la prensa escrita y audiovisual a revelar sus fuentes, cuestión que es prohibida por la Constitución y leyes venezolanas, concretamente, la del Ejercicio del Periodismo y el Código de Ética.
"El derecho a la información es un bien que está protegido por, al menos, 13 artículos de la Constitución, entre ellos el 28, 57, 58, 60, 61, 101,110, 117, 143, 325 y 337; así que es una obligación de los periodistas defenderlos y no ceder ante la presión de los poderes estadales que pretenden cercenar cualquier información que lesione sus espacios", instó el diputado de Transparencia Revolucionaria, Alberto Jordán Hernández, ex miembro de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional y fundador del Colegio Nacional de Periodistas y del Sindicato Nacional de la Prensa.
El anuncio de la comparecencia de los periodistas ante los tribunales preocupa hasta organismos internacionales, como el Centro Internacional de Periodistas de Washington (ICFJ, siglas en inglés). "Es un abuso de poder ya que puede enviar un mal mensaje sobre el rol de los medios en democracias. Resulta que a un periodista lo debe citar sólo si no hay ningún otro medio por el cual se pueda conocer la información que él sabe. El sistema judicial debe agotar otras vías y otros testigos antes de considerar citar a un periodista", alertó Luis Botello, director de programas para América Latina del ICFJ, quien recientemente estuvo en Caracas y dictó un taller sobre libertad de expresión.
Incapacidad manifiesta
Desde el lado venezolano, el SNTP manifestó su preocupación, pero el alerta mayor proviene de los potenciales "periodistas jueces". Roberto Giusti señala que su "único pecado" fue entrevistar al general Néstor González González, uno de los oficiales disidentes, y por ello, no agregó "ni una coma cuando habló con los funcionarios de la Fiscalía General" hace tres meses.
"Una cosa es informar y otra, muy distinta, es ser cómplices de la Fiscalía. Lo que sé, lo saco. Y si ellos (los fiscales) usan las notas como pruebas eso habla mucho de la capacidad de investigación que existe en esa institución", afirmó Giusti.
Sólo encuentra una palabra para calificar la iniciativa de Ortega Díaz: "es un precedente negativo".
"Les expliqué que no tenía la cinta y que, como se señala en la página, fue González González quien habló de la presencia de Brewer Carias en Fuerte Tiuna. Es al general a quien deberían citar y no a mí. Yo no tengo problema en ir, pero es el Ministerio Público el que está obligado a buscar la información.
Los periodistas sólo somos intermediarios y no caeremos en la trampa de ser confidentes de la Fiscalía o cualquier otro organismo público", señaló el analista político.
Al igual que Jordán Hernández, Giusti defendió el derecho a la protección de la fuente y no entiende por qué los reporteros tienen que repetir lo que escriben pues se trata de un "hecho notorio" que puede ser visto en los medios. "La información que tengo, la saco, la digo siempre que esté confirmada, por eso creo que eso fue una ociosidad.
La próxima vez no diré nada distinto a lo que haya dicho. Así que la entrevista, ni lo que hayan dicho otros, constituyen una prueba porque las declaraciones provienen de terceros, son referenciales. El Ministerio Público tendría que buscar las fuentes originales que, en este caso, son los militares, los políticos que participaron en los sucesos de abril".
Rafael Poleo es otro de los citados y, desde ya, coincide con Giusti en negarse a ser "confidente de la Fiscalía" : "Cuando caiga Chávez, sea ahora o en el 2022, no me voy a prestar a pedir que lo juzguen a él y a su régimen por corrupción; no habrá cooperación a los órganos del Estado. El papel del periodista no es delatar a nadie; su misión es ser vigilante de las actuaciones de los funcionarios del Estado más si
pretenden vulnerar los derechos de los ciudadanos.
"Yo no soy fuente".
Su versión de los hechos de abril es simple: "Yo nunca tuve conocimiento directo de lo que pasó. Me llamó una persona de Fuerte Tiuna; no recuerdo su nombre, y contó que había personas reunidas. No los vi, no me consta quiénes son los autores del decreto así que no tengo material para acusar a nadie". El relato fue hecho también ante el Ministerio Público.
El editor de El Nuevo País discrepa de la Fiscalía sobre el valor que puedan tener las declaraciones y notas periodísticas para juzgar a alguien. Piensa que se trata de una interpretación legal no compatible con el periodismo: "la información tiene un fin único: que la gente sepa qué ocurrió y eso, en el plano jurídico, no creo que tenga validez. Es un disparate considerarlas como pruebas, más cuando yo aclaro que nunca estuve en los lugares donde se suscitaron los hechos de abril.
Me llamó una fuente anónima. Es un absurdo considerar las informaciones periodísticas como evidencias, salvo que el periodista, como un ciudadano cualquiera, haya sido testigo directo de un asesinato o de cualquier acto".
"Derecho a la desobediencia"
Aunque aseguró que no rehuirá a una nueva comparecencia, Rafael Poleo cree que los otros periodistas tienen el derecho a negarse a acudir ante el tribunal, dado que sólo recogieron las versiones que ofrecieron terceros y, en algunos casos, los "actores principales".
Su posición es respaldada por el diputado Alberto Jordán Hernández, quien considera que los comunicadores pueden declararse en "rebeldía" en virtud de la protección que les brindaría la Constitución en el resguardo de las fuentes.
"La notificación incluye a otras personalidades, pero la rechazo porque pretenden cercenar a los periodistas, quienes no están obligados a revelar sus fuentes por razones éticas, profesionales y constitucionales y tienen el derecho a oponerse a ser citados. Los periodistas deben abstenerse porque están protegidos por la Constitución puesto que sólo transmiten informaciones y les está prohibido revelar sus fuentes. Si el Ministerio Público cree que se trata de una desobediencia, eso es falso; antes que nada priva la Constitución", consideró el legislador de Aragua.
En su condición de constituyente, recuerda que la Carta Magna le otorgó rango constitucional al derecho a la información y a la expresión y que el ex ministro de Comunicaciones, Andrés Izarra, anunció que elaborarían una ley de acceso de información que protegería el ejercicio periodístico.
"En este país, se abusa de los testimonios de la prensa como si constituyeran pruebas fehacientes. Se trata de textos informativos que pueden ayudar en una investigación, pero es responsabilidad de los jueces y cuerpos judiciales cumplir su trabajo. Los poderes actuales quieren que nos prestemos a la construcción de pruebas y eso debe ser rechazado".
La serie de juicio contra colegas es vista por Jordán Hernández como "una política de Estado que se profundiza ahora con las medidas del Seniat contra El Impulso (de Lara), La Prensa de Guayana (Bolívar) y que tienen como fin imputar a los periodistas y obligarlos a censurarse, a controlar la información.
"No hubo intimidación"
El 13 de abril de 2002, El Nacional publicó un reportaje titulado "Cómo se fraguó la renuncia de Hugo Chávez". Es un relato de lo que pasó en el Ministerio de la Defensa. Llevaba la firma de Laura Weffer Cifuentes, razón suficiente para que fuera citada por la Fiscalía. El interrogatorio duró menos de media hora y allí la colega reiteró: "yo vi a Brewer Carias, pero no a José Luis Vásquez y si habían juramentado a Guaicaipuro Lameda en PDVSA".
Considera que los trabajos periodísticos se han convertido en pruebas porque los comunicadores "han asumido el papel del Estado", aunque prefiere no atribuir esto a la incapacidad de los poderes públicos. "Los materiales de prensa sirven para orientar, no son suficientes, más si se interroga a los periodistas tres años después cuando los recuerdos no están frescos". A diferencia de Jordán Hernández, no se une a la desobediencia y asegura que asistiría al tribunal si es llamada.
"No tengo nada que ocultar y no diría otra cosa distinta a lo que escribí". Brewer Carias estaba allí porque fue llevado por Carmona Estanga. No me consta que hubiera firmado un decreto; además eso ocurrió en la madrugada y, en ese momento, desconocíamos la existencia del documento, ni siquiera por terceros. Era un momento confuso".
A la pregunta de si el Ministerio Público quiere controlar a la prensa, Weffer niega que -durante el interrogatorio- la fiscal Ortega Díaz la haya intimidado o pretendía que revelara su fuente. "Más bien fue amable", confesó. A estas alturas, duda que la Fiscalía o el constitucionalista ejerzan acciones contra los periodistas sólo porque contaron la historia de abril. "Si bien él, Brewer Carias, dijo que actué en forma irresponsable no puede alegar que yo dije algo en su contra. Sólo lo vi y no me consta que haya estampado su firma en el decreto".
GARANTÍAS LEGALES
"El espíritu" del constituyente de 1999 estableció trece disposiciones a favor del derecho a la información y a la libertad expresión que puede verse afectadas con la comparecencia de periodistas a los juzgados.
Constitución 1999
"Artículo 28: Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes constituyen en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como a conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos.
Igualmente podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas.
Queda salvo el derecho al secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley".
Ley del Ejercicio del Periodismo
"Artículo 3: Son funciones propias del periodista en el ejercicio de su profesión la búsqueda, la preparación y la redacción de noticias; la edición gráfica, la ilustración fotográfica, la realización de entrevistas periodísticas, reportajes y demás trabajos periodísticos, así como la coordinación de los medios de comunicación social impresos, radiofónicos y audiovisuales, agencias informativas, secciones u
oficinas de prensa o información de empresas o instituciones públicas o privadas..."
"Artículo 8: El secreto profesional es derecho y responsabilidad del periodista. Ningún periodista está obligado a revelar la fuente informativa de hechos de los que haya tenido conocimiento en el ejercicio de su función".
